En este contexto, es imprescindible insistir en las múltiples responsabilidades que le caben a los Estados. La importancia del uso responsable de la tecnología, los riesgos de las malas prácticas y el fortalecimiento de los procesos de alfabetización digital, formación en seguridad digital y enseñanza de herramientas que contribuyan a una mejor gestión de la violencia en línea.
La violencia en línea requiere que los sistemas de justicia se adecuen a las nuevas realidades. Resultan necesarias soluciones institucionales que contribuyan de manera efectiva a ofrecer apoyo a quienes ejercen el periodismo, para que se investiguen, atiendan sus denuncias y reparen el daño.
